La Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos de San Luis expresa su preocupación y rechazo al intento de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 a través del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” enviada por el presidente Javier Milei al Congreso.

Los cambios propuestos por la llamada “ley ómnibus” del Poder Ejecutivo Nacional vulneran derechos y garantías y alteran sustancialmente la LNSM, una ley que cumple con altos estándares internacionales en materia de salud mental y derechos humanos, que fue producto del debate y la participación de organizaciones de la sociedad civil tales como colectivos de trabajadoras/es, profesionales, personas usuarias y familiares, y que resultó aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación y con sólo una abstención en la Cámara de Senadores de la Nación, lo que muestra el alto nivel de consenso que hay en relación a la misma.

Las propuestas de modificación no han sido consultadas ni debatidas con espacios profesionales y académicos, lo que se materializa en el elevado nivel de vaguedad para tratar temáticas tan importantes como lo son las de salud mental y en las contradicciones que generan las mismas con otras legislaciones con que se vincula la LNSM.

Rechazamos la posibilidad que vuelvan a existir “neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados” así como también “instituciones terapéuticas” ya que las mismas van en contra del proceso de desmanicomialización propuesto por la ley. 

La evidencia científica demuestra que las prácticas de encierro en instituciones asilares no producen mejoras en los padecimientos mentales sino que los agravan y tienden a su cronificación.
Como profesionales del campo de la salud mental nos oponemos al encierro, al silencio, la invisibilización y la vulneración de derechos fundamentales de usuarias y usuarios en ese tipo de instituciones.

Nos oponemos a los cambios en las internaciones involuntarias, ya que el dar la potestad a integrantes del Poder Judicial de definir internaciones, previo a un diagnóstico por parte de un equipo interdisciplinario, vulnera derechos de las/los usuarias/os y va en contra de tratados internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos, que son de carácter constitucional desde la reforma constitucional del año 1994.

Dicha modificación habilita a que nuevamente exista discrecionalidad en las internaciones por parte de jueces y abogados, desconociendo variables biopsicosociales que son parte de la experticia de los equipos interdisciplinarios.

Entendemos que las dificultades en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental no se solucionan con una reforma inconsulta y contra derecho, sino que se subsanan con la asignación de recursos económicos y humanos por parte de los Estados para lograr la plena implementación de la misma.

Por todo lo desarrollado, la Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos de San Luis rechaza las modificaciones propuestas a la Ley Nacional de Salud Mental por el retorno a paradigmas que ponen en una situación de vulnerabilidad y arbitrariedad a usuarias/os de servicios de salud mental a lo largo y ancho del país, contrario a la promoción y la defensa de los derechos humanos.

No hay salud sin salud mental.
Sin libertad, no hay salud mental